El acuerdo surge de la necesidad de una legislación actualizada para la gestión y comprensión de la vida universitaria por parte de sus tres actores fundamentales: estudiantes, PDI (Personal Docente e Investigador) y al PAS (Personal de Administración y Servicios). Además, para su gestación se ha recurrido al trabajo unitario y compartido de estudiantes y responsables de las universidades españolas. En su elaboración han participado las organizaciones de estudiantes y el Consejo de la Juventud, además de la CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas), RUNAE (Red Universitaria de Asuntos Estudiantiles, comisión sectorial de la CRUE) y entidades representativas de personas discapacitadas, entre otros.

Además, el nuevo estatuto responde a una disposición de la Ley Orgánica de Universidades (LOMLOU) de 2007 y atiende al propio espíritu del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y a la Conferencia Ministerial de Berlín (2003), que reconocen expresamente el papel participativo del alumnado en la gestión pública de la educación superior.

El Estatuto del Estudiante Universitario contempla tanto al alumnado de las universidades públicas como privadas; matriculado en las enseñanzas oficiales de los tres ciclos universitarios (grado, master y doctorado) o en enseñanzas de formación continua u otros estudios propios ofrecidos por las universidades.
Su ámbito de aplicación abarca a centros propios, adscritos y de formación continua que dependan de las universidades.